Equidad de género

Iván Tabares Marín

La norma que estableció la participación privilegiada de las mujeres en las listas electorales y en los cargos públicos tiene algo de artificial y arbitrario, pues si ellas conforman la mitad de la población, el legislador debió tener razones muy especiales para asignarles solo un 30 % de los renglones y puestos.  Debe tratarse de una ley transitoria que perderá su vigencia cuando accedan a la administración del  Estado por méritos propios, aunque tal día debe estar muy lejano porque el mundo turbio de la política no conjuga con la sensatez y la moralidad de las bellas.  Por otro lado, no se han publicado estudios sobre el impacto real de la medida que nos permitan evaluar la justificación de la misma.  Lo evidente es el predominio machista en las corporaciones públicas de elección popular y en las  altas cortes, mientras que el personal femenino pertenece a las mismas escasas familias que en el último siglo se ha repartido las tajadas del gobierno.  Si el parlamentario condenado a pena de prisión por parapolítica o corrupción es sustituido en las siguientes elecciones por su cónyuge, amante o hija, nada hemos avanzado en equidad y participación ciudadana.

Hay otro aspecto desconcertante en esta ley.  Muchas veces se ha denunciado el intercambio de puestos en las distintas instituciones oficiales.  Por ejemplo un procurador llama al presidente de una corte o tribunal: “Oye, viejo, necesito un puesto para mi esposa y aquí tengo otro para la tuya, ¿qué tal?” Si la participación femenina ha servido para el intercambio de puestos entre esposas, hijas, cuñadas y sobrinas de los nominadores, me temo que estamos ante una de las farsas mejor montada de nuestra historia reciente.  Sin duda habría logrado mejores efectos democráticos una ley que no permitiera más de un cargo público por núcleo familiar, pues todos sabemos que familias enteras parasitan en entidades oficiales cuando ciudades como Pereira mantienen altas tasas de desempleo. 

Si el Congreso aplicara la lógica que lo llevó a la norma comentada, debió hacerla extensiva a otros grupos de ciudadanos con baja representación, como las minorías étnicas, los homosexuales o las madres cabeza de familia.  Así, si en un municipio o departamento el 50 % de la población es de origen africano o indígena, tales grupos deben ocupar en igual porcentaje los cargos estatales.  Sería algo similar a lo que se ha definido en USA en materia laboral, inclusive para empresas privadas y que en nuestro país caería muy bien. Se ve, pues, que en una sociedad liberal edificada sobre la libre competencia o el juego de egoísmos, leyes como la que privilegió a las mujeres pueden llegar a ser un espejismo.  No avanzamos en democracia si una ley se   hace para beneficiar a la misma “rosca” de los Holguín, los Turbay, los Lleras y los Uribe.  Más que equidad de género necesitamos con urgencia equidad económica.  Mientras tanto, parlamentarias de origen humilde como Yidis Medina tendrán que seguir vendiendo su conciencia para obtener una notaría o un cargo de importancia para sus amigos.