Delito político

Iván Tabares Marín

Mientras el frente sexto de las FARC baja las toneladas de marihuana a Corinto, Cauca, con destino al clan familiar que controla el tráfico de drogas en la capital de la república, estamos ante un delito político; pero cuando la marihuana es recogida por esa familia, el delito se convierte, por arte y magia de Juampa, en común.  Cuando la misma guerrilla trae de Venezuela la gasolina de contrabando a La Guajira para que sea distribuida por una “bacrim”, su delito es político, pero aquí el ilícito muta en común.  Cuando los “paracos” de Urabá secuestran a un ciudadano, ese crimen es común; pero cuando venden el secuestrado a las FARC, el excomunista fiscal de bolsillo de Juampa define el asunto como un delito conexo con la rebelión porque son “altruistas” las intenciones de los guerrilleros.

A pesar de que la Carta Magna y el derecho internacional determinaron que hay delitos que no pueden ser declarados como conexos con el delito  político, el Gobierno Nacional ha decidido, y con toda seguridad lo logrará, que podemos pasarnos por la faja la Ley y declarar que sí se puede, porque es la condición para que los viejitos guerrilleros, los que ya no pueden cargar un fusil ni caminar más de tres Kilómetros sin asfixiarse, no vayan a la cárcel,  accedan al Congreso, no sean extraditados y, muchos menos, juzgados por tribunales internacionales.  Conceder beneficios especiales a los guerrilleros de las FARC por sus “buenas intenciones” en la rebelión equivale a concederlos a los terroristas y narcotraficantes de Al Qaeda y Estado Islámico porque actúan en nombre de Alá.

 El delito político se ha convertido en una excelente coartada para que antiguos paramilitares, sicarios y sicópatas se den la gran vida como guerrilleros mientras encuentran un gobierno débil y con intenciones de pasar a la historia para que les conceda perdón y olvido a cambio de su firma.  Cuando los gorditos líderes de la subversión lleguen a un acuerdo de paz con el Estado, solo están renunciando a su razón social, a su franquicia, a su nombre… a nada; pero, con toda seguridad, la mayor parte de los frentes seguirán delinquiendo, con un nombre nuevo o con el mismo.  Es más, a la mayoría de los comandantes poco les debe importar su participación en política porque han invertido buena parte de su botín en los países de sus camaradas castrochavistas. Cuando se firmen los acuerdos de La Habana, la reacción paramilitar será feroz y las primeras víctimas serán ciudadanos inocentes.  El postconflicto no es la paz. Centroamérica es un infierno después de los acuerdos con las guerrillas.  ¡Sálvese quien pueda!