La venganza de la corte

Iván Tabares Marín

Como lo han señalado algunos columnistas, el cohecho es la forma “normal” o corriente de gobernar en Colombia.   “Si tu me das el voto, yo te doy una empresa estatal, un puesto o una notaría”.   Así mandan alcaldes, gobernadores y  presidentes.  Para recordar un caso reciente, la reelección del presidente Santos usó los mismos procedimientos de compra-venta empleados por el gobierno de Uribe en el caso de Yidis Medina, la mujer humilde que logró llegar al Congreso: “Gina, deja el Sena, ve a recoger votos y tendrás un ministerio para ti y otro para tu compañera”.    ¿Dónde termina el clientelismo y comienza el cohecho o la concusión?   Las altas cortes  también aplican el mismo procedimiento sucio.

No pretendo legitimar el comportamiento del expresidente Uribe, pero no puedo guardar silencio por las sanciones tan severas impuestas por la Corte Suprema a sus ministros, cuando Ernesto Samper Pizano o Andrés Pastrana y sus gabinetes, entre miles de funcionarios, ni siquiera fueron investigados por los daños que le hicieron al país.  El primero, financiado por la mafia y afanado en comprar conciencias con dineros del erario para que no lo bajaran del trono; el segundo, dedicado a recorrer el mundo mientras le entregaba buena parte de nuestro territorio a la guerrilla para que se reorganizara. 

Para explicar la conducta de la Corte, juez y parte a la vez, uno no puede menos que pensar en su venganza porque Uribe Vélez ordenó investigar a algunos magistrados con claros vínculos con la mafia.  El poder judicial no le perdona que se haya ordenado interceptar sus teléfonos y comunicaciones, procedimiento perfectamente justificado por el comportamiento criminal de los magistrados descubierto en los últimos días.

Por otro lado, son evidentes las motivaciones políticas de quienes se han dedicado a perseguir a Uribe y sus amigos.  Para el Fiscal, antiguo militante del partido comunista, defensor de oficio de las FARC y aliado incondicional de Santos,  ningún proceso es tan importante o prioritario como aquellos en que puedan estar vinculados los uribistas.  La publicación de las grabaciones obtenidas en las reuniones de la Corte Suprema de Justicia demuestran que esa Corte actuó de mala fe, con dolo o por motivaciones políticas al condenar a los colaboradores de Uribe.

 Todos estos hechos pueden explicar el resultado de las recientes encuestas en las que la posición de Uribe con relación a los diálogos de La Habana es respaldada por la mayoría de los colombianos, mientras que la gestión del presidente Santos es desaprobada, a pesar de que la información sigue siendo manipulada por algunos medios que han recibido contratos de la Presidencia de la República.