Iván Tabares Marín
Todos sabemos que el delito religioso no existe (como
casi nadie acepta ya la validez o
tipicidad del delito político); pero podemos imaginarlo con el propósito de analizar
las implicaciones del plan del Gobierno
y el fiscal, abogado de oficio de las FARC, para burlar el ordenamiento jurídico nacional
e internacional, evitar la extradición y llevar al Congreso a los gorditos que
negocian en La Habana la franquicia de ese grupo guerrillero. Y digo franquicia porque de hecho la mayor
parte de los frentes subversivos no van a respaldar los acuerdos, por más gabelas
que el Estado les conceda ya que nunca serán mejores, en términos económicos,
que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Solo negociamos una marca o un nombre… nada.
Imaginemos que Nigeria acepta en su código penal el
delito religioso o la rebelión por motivos sagrados, como la yihad, y establece
como conexos el secuestro, el narcotráfico, la violación de niñas, la extorsión
y el asesinato, con la intención de lograr un eventual y futuro acuerdo de paz
con Boko Haram. Es evidente que se
trata de delitos religiosos porque esos facinerosos están absolutamente convencidos
de actuar en nombre de Alá, motivo más noble que el de las guerrillas
colombianas, supuestos representantes del pueblo. Entonces, después del proceso de paz nigeriano,
los comandantes de Boko Haram no irían a prisión y en cambio podrían hacerse
congresistas, no serían extraditados o juzgados por organismos internacionales a
pesar de que, con toda seguridad, sus soldados no dejarían las armas ni sus
fuentes de financiación.
De allí que la mayoría de los colombianos no
entendemos las intenciones del aspirante al Nobel de Paz y su fiscal de
bolsillo cuando la relación costo-beneficio nos es adversa y estaríamos
violando el derecho internacional o las normas que han hecho posible nuestra
precaria democracia. Muy distintas
fueron las circunstancias en los diálogos de paz con otros románticos
subversivos, como el derechista M-19, el Movimiento de Renovación Socialista o el EPL, pequeños, con poca
capacidad de delinquir y sin el inmenso poder económico de cada frente de las
FARC. Estos últimos no van a entregar
las armas, tierras y negocios por darse el gusto de ver a sus jefes, viejos, enfermos y dormidos, en un Congreso en el que sus
votos no significarán nada ante la planadora de la Unidad Nacional santista. Si Juampa y su fiscal se salen con la suya,
la arremetida paramilitar podrá ser feroz.
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