sábado, 24 de octubre de 2015

Delito religioso



Iván Tabares Marín

Todos sabemos que el delito religioso no existe (como casi nadie acepta  ya la validez o tipicidad del delito político); pero podemos imaginarlo con el propósito de analizar las implicaciones  del plan del Gobierno y el fiscal, abogado de oficio de las FARC,  para burlar el ordenamiento jurídico nacional e internacional, evitar la extradición y llevar al Congreso a los gorditos que negocian en La Habana la franquicia de ese grupo guerrillero.  Y digo franquicia porque de hecho la mayor parte de los frentes subversivos no van a respaldar los acuerdos, por más gabelas que el Estado les conceda ya que nunca serán mejores, en términos económicos, que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.  Solo negociamos una marca o un nombre… nada.

Imaginemos que Nigeria acepta en su código penal el delito religioso o la rebelión por motivos sagrados, como la yihad, y establece como conexos el secuestro, el narcotráfico, la violación de niñas, la extorsión y el asesinato, con la intención de lograr un eventual y futuro acuerdo de paz con Boko Haram.   Es evidente que se trata de delitos religiosos porque esos facinerosos están absolutamente convencidos de actuar en nombre de Alá, motivo más noble que el de las guerrillas colombianas, supuestos representantes del pueblo.  Entonces, después del proceso de paz nigeriano, los comandantes de Boko Haram no irían a prisión y en cambio podrían hacerse congresistas, no serían extraditados o juzgados por organismos internacionales a pesar de que, con toda seguridad, sus soldados no dejarían las armas ni sus fuentes de financiación.

De allí que la mayoría de los colombianos no entendemos las intenciones del aspirante al Nobel de Paz y su fiscal de bolsillo cuando la relación costo-beneficio nos es adversa y estaríamos violando el derecho internacional o las normas que han hecho posible nuestra precaria democracia.  Muy distintas fueron las circunstancias en los diálogos de paz con otros románticos subversivos, como el derechista M-19, el Movimiento de Renovación  Socialista o el EPL, pequeños, con poca capacidad de delinquir y sin el inmenso poder económico de cada frente de las FARC.  Estos últimos no van a entregar las armas, tierras y negocios por darse el gusto de ver a sus jefes,  viejos, enfermos  y dormidos, en un Congreso en el que sus votos no significarán nada ante la planadora de la Unidad Nacional santista.  Si Juampa y su fiscal se salen con la suya, la arremetida paramilitar podrá ser feroz.




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