Después
del intento por introducir en Colombia el voto obligatorio a pesar del conocido
fracaso de esta institución en otros países y de las improvisadas salidas en
falso de la coalición del Gobierno para favorecer a toda costa las
negociaciones con la guerrilla, se lanza al escenario del sainete la Ministra
de Educación con una reforma que ya ha escuchado las primeras rechiflas de la
tribuna: 10.000 becas para que jóvenes pobres brillantes vayan a la
universidad.
Estadísticas
publicadas en Colombia hace apenas unos meses mostraron que el 60 % de los
egresados de nuestras universidades trabajan en áreas distintas a aquella para
la que se habían capacitado. Además, la
deserción de los pobres en la universidad llega a esos mismos niveles. Por otro
lado, las posibilidades de que un profesional pobre consiga trabajo en este
país racista son muy bajas y por eso no encuentran otra alternativa que la
migración. Más que becas necesitamos puestos, activación de la economía e
instituciones pluralistas.
Estos
subsidios poco van a incidir en el propósito loable de buscar equidad si no van
acompañados de reformas en las que el promesero de Juampa no está interesado
porque no producen votos. ¿Para qué me
sirve un título si los cargos en el sector público se adjudican a la clientela
del senador con falsos diplomas o se reparten entre los familiares de los
nominadores? Ningún economista serio
niega los beneficios de los subsidios a la oferta o a la demanda cuando se
aplican con criterio científico, se tienen en cuenta las experiencias de otros países,
se acompañan de ampliación de las oportunidades, instituciones políticas
democráticas, control de la corrupción y protección a la propiedad privada.
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