Si Carlos
Alberto Montaner tiene razón, las FARC llegaron a la conclusión que esta vez
les convenía negociar y no es difícil suponer las circunstancias que los
llevaron a esa determinación. En primer lugar, como plantea el mismo Montaner,
“se sentían derrotados” por motivos que todo el país conoce: el exitoso uso de
la tecnología en los casos del Mono Jojoy, Raúl Reyes, Alfonso Cano y la
liberación de Ingrid, además de las posibilidades planteadas por los drones,
que dejaban pocas posibilidades a la guerra de guerrillas.
Segundo, la
facilidad con que llegaron al poder sus camaradas en varios países de América
Latina, incluidos aquellos que ni siquiera tenían movimientos guerrilleros, les
hizo ver que esta era la oportunidad para hace lo mismo en Colombia si daban
con algún presidente megalómano, “generoso” y dispuesto a jugar con el futuro
del país para dar gusto a su propio narcisismo. Todo lo que lograran era ganancia y les
evitaría la vergüenza de entregar sus armas sin justificación, como les pasó a
otros movimientos armados aquí y en otros países. Mucho mejor, si el nuevo presidente tuviera
un hermano que simpatizara con la causa subversiva desde cuando orientaba la
revista Alternativa y sirviera de intermediario.
Un tercer
elemento, condición para jugárselas por el poder, es el descrédito de la clase
política, similar al que les permitió a Hugo Chávez, Evo Morales y Correa, entre
otros, llegar a la presidencia. Los
Benedetti, los Barreras, los Velasco, los Lizcano y los Cristo serían su mejor
pasaporte para obtener por medio de los votos lo que nunca lograrían por las
armas.
Cuarto, el
pacto tenía que garantizar la más completa inmunidad e impunidad de la
guerrilla, para lo cual el Estado colombiano tendría que aceptar su condición
de Victimario, reconocer a las FARC como víctimas del Estado que debieron
recurrir a las armas en calidad de ejército del pueblo, E.P, para así presentar
los acuerdos como un tratado especial, similar al que firman dos ejércitos
nacionales en contienda. Unos buenos juristas se encargarían de acomodar la
farsa. El Gobierno simplemente tendría que presentar el acuerdo como el más
favorable para llegar a la paz y darle carácter constitucional.
En quinto
lugar, los acuerdos debían contener una reforma agraria integral que
garantizara le programa político, la base social y la oportunidad de las
guerrillas para su plan de la toma del poder, todo financiado por el Estado,
sin la injerencia de los gremios económicos, la economía de mercado y mucho menos
de las multinacionales. Se trataba de
volver a la economía primitiva e insostenible de una parcela y una vaca para
cada familia. Además, eran necesarias 16 jurisdicciones electorales donde
estaría prohibido votar por algunos partidos que a las FARC no les gustan.
En esta perspectiva, los eventos de estos días
se suceden con una lógica sorprendente.
La X Conferencia fue un acto simbólico para ratificar un plan concebido
varios años atrás, en el primer cuatrienio del Presidente Santos. La suerte estaba echada
No hay comentarios:
Publicar un comentario