PROMESAS DE CAMPAÑA

El discurso del político no pretende presentar una salida a los problemas de la comunidad, sino seducir o engañar al elector y reivindicar su propia ideología. Eso hace que la campaña para elegir alcalde, gobernador y los inútiles concejos y asambleas adquiera un carácter circense, insoportable para un ciudadano medianamente culto.

En nuestro caso, da grima ver a los candidatos posando para la foto al lado de un perro callejero, en una expresión sensiblera, para emocionar a los colombianos que han convertido su mascota en el centro de su vida, su amor, su nuevo dios y su razón de ser; pero esos candidatos nunca exponen proyectos específicos, bien fundamentados en estudios científicos para la protección de nuestra fauna y evitar el maltrato animal o la contaminación que producen las mascotas.

Más ridícula es la campaña para “recuperar los valores familiares”, como si el problema estuviese en el pasado y no en futuro inmediato con la amenaza de la ideología de género. Hasta los mismos partidos que han defendido y tratado de imponer en los colegios públicos esa ideología tienen el descaro de hablar en nombre de la familia. Debe ser que los seguidores de la izquierda desconocen los estatutos de su partido y el proyecto marxista para destruir la organización familiar y la heterosexualidad en todo el mundo. Parece como si los candidatos, con muy pocas excepciones, no conocieran el enfoque de género del Acuerdo de paz.

La ignorancia de la mayoría de los candidatos se aprecia en el desconocimiento que tienen de las funciones del cargo a que aspiran y que son bastante limitadas. Las asamblea y concejos son entes administrativos de control que debieran abolirse; alcaldes y gobernadores tienen también un campo de acción restringido, reducido en la práctica a prestar servicios públicos, siempre sometidos a las condiciones establecidas en la ley y la Constitución Nacional.

Todos prometen “salvar el hospital”, como lo han hecho hace mucho tiempo, aunque los contratos de prestación de servicios, el abuso con los trabajadores y las irregularidades en la contratación se mantengan allí. ¿Qué puede hacer un pobre alcalde o un gobernador mientras el sistema de salud, fundamentado en la Ley 100 y en su distorsión realizada por los partidos políticos, mantenga un alto número de Empresas Promotoras de Salud quebradas?

Como siempre, los “limpios” son los novatos que nunca han tenido un cargo público o la oportunidad de robar.  La lucha contra la corrupción es a largo plazo y su solución no está exclusivamente en el aumento de penas para los responsables, ni en las manos de una sola persona. Mientras no haya desarrollo económico y una buena educación a todo nivel, y mientras el Estado siga siendo el principal proveedor de empleos, tendremos corrupción. Es contradictorio limitar la empresa privada, como hicieron Venezuela y Cuba, y a la vez intentar sanear la política. ¡Cómo nos equivocamos al votar! ¡Cómo estamos de mal informados!