En una de mis
notas anteriores señalé que los falsos positivos hacen parte de la historia de
nuestro “glorioso” Ejército nacional y que hace más de 30 años fueron
denunciados por la ONG de los jesuitas conocida como el CINEP, Centro de
Investigación de Educación Popular. Lo peor de esta tragedia es que entre los
oficiales de la institución era conocido y tolerado ese procedimiento bárbaro
para obtener medallas o vacaciones especiales, pero nunca lo denunciaron. Los falsos positivos se publicaron durante el
gobierno del presidente Uribe Vélez y desde entonces comenzaron a investigarse. También había comentado que los acuerdos de
paz se habían convertido en un canje de impunidades entre el Ejército y las
FARC, según las declaraciones públicas del General Mora, negociador por el
Gobierno.
Organizaciones
de derechos humanos han denunciado que uno de los defectos más graves de los
acuerdos de paz con las FARC es la descarada impunidad para los delitos atroces,
asunto determinante en el rechazo mayoritario de los colombianos de esos
acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre.
Por eso, en una de las propuestas de los representantes del No, en
particular del Centro Democrático, se buscaba corregir ese error, aunque las
asociaciones de militares no la aceptaron por razones obvias.
Sin embargo,
la propuesta fue acogida por la guerrilla en el sainete de dialogo para
modificar los acuerdos después del plebiscito.
“Tan solo unas horas antes de que el nuevo acuerdo de paz se firmara y
se enviara al Congreso para su refrendación, Santos decidió –unilateralmente- borrar una de las mejoras más
importantes del texto. Eliminó un párrafo nuevo que ya había sido aprobado por
las FARC, y con ello restableció lo que, en la práctica, es nada menos que una
garantía de impunidad para los mandos del ejército. Este beneficio de impunidad es tan flagrante
que ni siquiera los comandantes de la guerrilla estuvieron dispuestos a
aceptarlo para ellos mismos”. (La cita
es de un escrito de Vivanco y Wikinson, publicado por El Espectador del domingo
18 de diciembre del 2016 en la sección “columnista invitado”. La negrilla no es del original)
Como
consecuencia de la decisión unilateral del Presidente tanto los comandantes de
las guerrillas como los oficiales del Ejército no responderán ante la JEP,
Jurisdicción Especial para la Paz, por los delitos cometidos por guerrilleros
rasos y soldados, respectivamente. Los
oficiales del Ejército, autores y cómplices de los falsos positivos, no serán
juzgados, como lo había anotado el General Mora.
Son muchas
las consecuencias que se pueden deducir de este episodio en la historia de la
infamia colombiana. Piénsese, por
ejemplo, en la forma como se negociaron las modificaciones propuestas por los
representantes del No. Todo parece
indicar que no hubo discusión y que simplemente se le presentaron a las FARC
para que ellos decidieran arbitrariamente su aceptación o rechazo, cuando la
puja debió de ser de tal condición que los diálogos podrían llegar a suspenderse
si las guerrillas no cedían en un punto importante planteado por los ganadores
del plebiscito.