Un año antes de que se aprobara la Reforma Rural
Integral contenida en el Acuerdo de paz, el entonces profesor de la Universidad
de Harvard y especialista en economía latinoamericana, James A. Robinson,
publicó un artículo en El Espectador para llamar la atención del Gobierno sobre
el error que se iba a cometer con un acuerdo fundamentado en la distribución de
la tierra porque, según él, la propiedad de la tierra es una suma igual a cero.
Si guerrilla y gobierno buscaban la paz, la forma
de lograrla era otra porque da lo mismo que sea usted o cualquiera otro el
dueño de la parcela. Aunque no soy economista, me pareció muy lógico el
planteamiento de Robinson, especialmente en la era de la globalización y la
tecnología. El hecho de que un campesino tenga una parcela no significa mayor
cosa para el país; tampoco, para su familia si no cuenta con enormes recursos,
capacidad de endeudamiento y tecnología de punta para ser competitivo en el
mercado nacional e internacional.
Al respecto, la posición de Gustavo Petro es
completamente contraria a la de Robinson y así lo dijo: “Una reforma agraria
nunca es un proceso técnico; es un proceso social y político”. Es decir, es un
proceso ideológico y por lo tanto debe lograrse por la fuerza “y para ello debe
haber un sujeto político que lo pelee: el campesinado de Colombia”, agregó.
Petro no habla de clases sociales, sino de “sujetos
políticos”; pero un sujeto político no se logra con una simple arenga. Un
sujeto político como la Primera Línea se formó después de más de veinte años de
adoctrinamiento en colegios y universidades. La izquierda considera al
campesinado como uno de los sujetos políticos que, con un pequeño grupo LGBTIQ+,
cocaleros, estudiantes adoctrinados, maestros, indígenas y algunos negros,
remplaza el proletariado; pero los campesinos no son sujetos revolucionarios.
Los campesinos son mayores de edad. En algunos
departamentos el promedio de edad es superior a 57, según el DANE. Sus hijos se
van a buscar mejores oportunidades. Y cuando esos campesinos entiendan que los
quieren montar en el mismo bus con unas feministas que buscan destruir la
familia, legalizar la pedofilia y el incesto, no se van a subir.
Compramos productos del campo a otros países
porque los obtienen a bajo costo gracias en sus grandes extensiones de tierras
planas, enormes capitales y tecnología. Nuestra topografía y los inviernos
destructores de carreteras y cultivos hacen que la reforma agraria no sea más
que una ilusión o una farsa politiquera de las FARC y la izquierda.
El socialismo busca seguridad alimentaria y
sustitución de importaciones, según la fallida estrategia de la CEPAL. También
quiere anular los tratados de libre comercio. Ya se anunciaron demandas de
empresas norteamericanas contra Colombia por violación al Tratado de Libre
Comercio si se aprueba la reforma tributaria.
Ni siquiera hay dinero presupuestado para comprar
los tres millones de hectáreas que FEDEGAN ofreció al Gobierno.
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