DESPENALIZAR LA PROTESTA

 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un proyecto de ley para despenalizar o no incluir en el Código Penal los crímenes cometidos en las protestas “sociales”. Escribo “sociales” entre comillas porque hay protestas que son sociales, espontáneas y democráticas como la del pasado 26 de septiembre, en la que participé para protestar contra la improvisación y abusos del gobierno Petro.

Sin embargo, hay protestas que no son sociales ni espontáneas, sino planeadas por la izquierda nacional e internacional con claros intereses terroristas, pero que son realizadas de tal forma que ocultan mediante montajes pacifistas sus verdaderas intenciones delictivas. Las protestas de la Primera Línea fueron eso en 2019 y 2021.

Para decirlo de otra forma, la Primera Línea es una nueva forma de guerrilla de la izquierda y por eso la infanta Sofía Petro nos amenazó con ella si no votábamos por su papá en la segunda vuelta de las elecciones. La coartada de la protesta de la Primera Línea puede ser un pequeño aumento de las tarifas del metro como en Chile o una reforma tributaria mucho menos dañina e injusta que la de Petro como era la de Carrasquilla.

Universidades, colegios, maestros y grupos feministas conforman la comparsa pacifista de la protesta con danzas y canciones para que la comunidad sea engañada y se convenza de que las protestas la representan. Luego, los encapuchados salen en pequeños grupos que atacan a la policía para obligarla a reaccionar y presentarla en videos editados como violadora de los derechos humanos.

Esta farsa es usada ahora por el gobierno Petro como justificación para suprimir el ESMAD, transformarlo en un grupo de hermanitas de la caridad y crear una legislación permisiva que facilite el bloqueo de calles y carreteras, la invasión de tierras por la minga y los campesinos o los ataques al comercio, el transporte, RCN, revista Semana y a la Fuerza Pública. Es un plan macabro preparado durante años.

La absurda reforma es una repetición de lo que hizo el Acuerdo de paz con las FARC. Los asesinatos culposos y dolosos cometidos por los encapuchados, más los daños producidos a particulares y al Estado o el terrorismo y el concierto para delinquir se consideran conexos con el derecho constitucional a la protesta y por tanto no podrán ser judicializados. Esos crímenes serían actos políticos y democráticos. Osuna nos cree tontos a todos los colombianos como cuando propuso un acuerdo con cada atracador para que no vaya a la cárcel. Ese refrito fracasado se llamaba en los años setenta Código Penal Alternativo.

El ministro parece que no viviera en Colombia, pues no conoce los informes de la Fiscalía General de la Nación que demuestran la participación en las “protestas” de guerrillas, bandas criminales, mercenarios, vándalos, Gustavo Bolívar, gobiernos extranjeros, la hoy ministra de Cultura y Claudia López, entre muchos otros cómplices de los criminales.

Es difícil determinar si los proyectos de algunos ministros son montaje, amenaza, burla o van en serio.