Agustín Laje, autor de El libro negro de la nueva izquierda, llama
“feminazis” a aquellas mujeres, generalmente lesbianas y transgéneros
marxistas, que impulsan en todo el mundo el enfoque de género discutido en esta
columna. Las feminazis conforman una minoría que no llega al uno por ciento de
la población dedicada a imponer una nueva forma de racismo contra hombres y
mujeres heterosexuales.
En Colombia han intentado, a través de Gustavo Petro, Gina Parody
y Claudia López, hacer una reforma educativa similar a la que en España
introdujo el partido de izquierda Unidas Podemos, a la que desde los años
noventa del siglo pasado impuso sin mucho éxito el peronismo en Argentina y a
la establecida en Perú, sin contar la influencia conseguida en otros países.
De una forma soterrada, la izquierda, especialmente la
Alianza Verde, intenta, con la ayuda de idiotas útiles de otros partidos,
avanzar en algunas reformas feministas suaves, decentes y de sentido común, con
el propósito de hacer proselitismo entre millones de mujeres que no saben nada
de las intenciones sucias de algunas de estas señoras. Gozan, además, con el
respaldo de ingenuos congresistas varones afectados por “el síndrome del macho
arrepentido” y que, como el expresidente Santos, piensan que la ideología de
género no existe.
Al menos catorce proyectos “feministas” cursan sin obstáculo
en el Congreso a pesar de que algunos son una clara violación de nuestra
Constitución o se refieren a reformas ya incluidas en el Acuerdo de paz y que
solo necesitan una reglamentación del Ejecutivo; otro establece una cátedra
obligatoria con un claro propósito de adoctrinar en enfoque de género; algunos más
crean privilegios para las mujeres, pero ignoran las minorías.
Si las damas tienen derecho a la paridad con los varones
porque conforman la mitad de la población, igual aplicación debe hacerse a las
negritudes, los indígenas, los homosexuales y otras minorías. Si en un
departamento o municipio, por ejemplo, la mitad de la población es afrodescendiente
o indígena, la mitad de sus listas de los partidos y la mitad de los
funcionarios públicos deberían ser de esas etnias en la lógica del feminismo.
Cursa un proyecto “para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres en la vida política”. Es francamente inconstitucional. ¿Por qué
no se tiene en cuenta a otros sectores que también son afectados por esa
violencia, como las víctimas del conflicto? Un proyecto “para garantizar
recursos para la promoción de la participación política de las mujeres”. ¿Por
qué no se incluyen a otros sectores más discriminados y sin dinero como la
comunidad LGBTI o las minorías religiosas y los inmigrantes?
Las señoras congresistas buscan asegurar sus curules y los
cargos públicos. Los privilegios femeninos sólo favorecen a las pequeñas
“roscas” que conforman todos los partidos y por eso mujeres de todas las
corrientes impulsan esas leyes. En nuestra Carta, los derechos son universales
y no hay derechos exclusivos para u otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario