Me parece aceptable el proyecto del
Gobierno que amplía la aplicación del IVA a productos de la canasta familiar de
las clases altas porque he leído las opiniones favorables de eminentes
economistas distintos al ministro Carrasquilla. Pero no comparto el impuesto
para las pensiones, de la misma forma como lo hice cuando en el referendo del
primer mandato del Dr. Uribe Vélez se incluyó ese impuesto que fue rechazado
por los colombianos.
Los aportes del trabajador y su
patrono durante la vida laboral se han denominado “bono pensional”. Supongamos que
un funcionario público trabajó la mayor parte de su vida con un salario que
oscila entre dos y cinco millones de pesos; pero cuando está próximo a
pensionarse logra que su partido lo incluya en las listas para el Congreso de
la República y se da una “palomita” de unos meses. Su mesada pensional será de
30 millones pesos y no de dos o cinco millones como correspondería a su bono
pensional o al promedio aportado toda su vida.
No obstante, el problema es más
complicado porque un alto porcentaje de las pensiones del sector público, las
mismas que resultan subsidiadas con los impuestos que todos pagamos, se han
obtenido con la utilización de los privilegios legales o de las convenciones
colectivas.
Un caso repugnante venía ocurriendo
en la rama jurisdiccional. Resulta que los viáticos eran factor salarial para
calcular la pensión y esta correspondía al promedio del último año. Millares de
jueces, fiscales y magistrados, especialmente con buenas palancas políticas,
eran enviados a comisiones en otras ciudades para que sus viáticos les
duplicaran la pensión. Entidades como Banco de la República, Ecopetrol,
Colpuertos, las empresas públicas de muchos municipios y departamentos, el
antiguo Telecom, Policía Nacional, magisterio y hospitales crearon privilegios
en materia pensional. Funcionarios que se pensionaban con veinte años de
servicio sin el requisito de la edad, por ejemplo.
Otra, muy distinta, es la situación de
aquellos funcionarios del sector público que durante toda su vida laboral
aportaron sobre salarios y se pensionaron con una mesada correspondiente a su
bono pensional. Un impuesto en este caso es un verdadero robo. Cuando esos
funcionarios entraron al sistema les dijeron que su plata ahorrada pagaría la
pensión con los intereses que iba a producir, pero ahora el Estado ladrón les
quiere cambiar las reglas del juego.
Si se van a gravar las pensiones,
debe calcularse el bono pensional. Si la mesada corresponde al bono, cero
impuestos. Si no, el impuesto debe ser proporcional al privilegio recibido o a
la trampa utilizada. Un impuesto genérico a las pensiones es una clara
violación de nuestra Constitución Nacional y una injusticia. Como el referendo
no se aprobó en el gobierno Uribe, el presidente actual busca burlarse de la
voluntad popular. ¿No fue eso lo que hizo Santos en su plebiscito tramposo
sobre el Acuerdo de paz?
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