Liberar a los aliados

 

Las protestas de 2019 y 2021 se han rodeado de una serie de falacias repetidas por los partidos de izquierda y algunos medios de comunicación y que ahora conforman la fundamentación del discurso del Gobierno para liberar a sus aliados de la Primera Línea, organización con un claro plan delictivo respaldado abiertamente por el Pacto Histórico a través de los aportes económicos del senador Gustavo Bolívar.

 

Citaré los argumentos resumidos por el ministro de Justicia para desconocer la ley y la Constitución Nacional y los discutiré. “Petro había propuesto al electorado esa solución alternativa…”. El Gobierno intenta crear la ficción de que toda promesa de la campaña electoral es norma de obligatorio cumplimiento por encima de nuestra Carta Política y las leyes con el peregrino argumento de que es la voluntad popular.

 

“En la Ley de Paz Total se incluyó esa facultad” (…) con relación a “personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”. La Primera Línea no es una organización de ese tipo. Obedece a un proyecto de la izquierda internacional con el propósito terrorista de asesinar y destruir la infraestructura económica de un país tal como se hizo en Chile y otros países. Como ha probado la Fiscalía, la Primera Línea incluye guerrilleros, mercenarios, organizaciones criminales financiados, en parte, por otros países. No es solo de estudiantes adoctrinados por la izquierda. El montaje incluía protestas pacíficas para engañar a la comunidad y los medios, como de hecho lo logró.

 

“Se les permitirá a los vocero o gestores defenderse en libertad” (...) “Por principio todas las personas tienen el derecho a defenderse en libertad”. Falso. Eso es una clara violación del Código de Procedimiento Penal y la Constitución Nacional.

 

“La utilización de la figura (…) en aras de la reconstrucción de una convivencia pacífica (…) es similar a la que emplearon los presidentes Uribe y Santos”. Falso. La Ley de la Paz Total no existía y los requisitos para nombrar gestores de paz eran muy distintos. Las organizaciones criminales eran claramente identificables; en este caso no. La Primera Línea no tenía una función humanitaria o constitucional, sino un claro objetivo de delinquir para crear zozobra en la comunidad y presionar al gobierno por cualquier hecho como la reforma tributaria o el leve incremento de los pasajes del metro (Chile). En Chile humillaron al Gobierno y lo obligaron a citar una asamblea constituyente que fracasó; en Colombia, lograron tumbar la reforma tributaria de Carrasquilla, mucho menos dañina para la economía y las comunidades pobres que la aprobada por los amigos de esos delincuentes.

 

Por otro lado, la mala fe del Gobierno quedó en evidencia cuando la hija de Gustavo Petro, Sofía, amenazó a los colombianos con nuevos ataques de la Primera Línea si no votábamos por él en la segunda vuelta. El Gobierno en este caso es juez y parte. Son los primeros pasos hacia la dictadura.