LA LEY 100 DE 1993 (2)

 

Diana Carolina Corcho (1983), ministra de Salud, dijo hace pocos días: “De treinta EPS, 17 no cumplen condiciones financieras para manejar recursos billonarios. Solo cinco cumplen con condiciones fiscales y financieras, lo que quiere decir que el sistema va a un oligopolio”.

Su premisa es cierta y coincide con lo que escribí en 1994 como comenté en la primera parte de esta nota: no debe haber más de cuatro o seis EPS; pero su conclusión es falsa. No hay oligopolio cuando hay participación del Estado entre las EPS y cuando el sistema no permite más de seis EPS porque quiebran.

Una compañera de estudio en la Universidad Nacional describe a la Dra. Corcho como “insufrible, anarquista, agresiva e irrespetuosa”. Sorprende que se haya especializado en psiquiatría no solo por su patología emocional mitómana, sino porque esa especialidad choca abiertamente con el marxismo.

Los mamertos adoran a Michel Foucault, un pedófilo anarquista que odió la medicina, en particular la psiquiatría. La izquierda busca abolir la psiquiatría. El Art. 29 de la rechazada Constitución izquierdista de Chile consagra el derecho a la locura: “El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad”. Sobran los psiquiatras.

A la Dra. Corcho no se le conocen actividades administrativas fuera del paso, con mal final, por la alcaldía de Petro. Atribuye al expresidente Uribe los defectos de la seguridad social. Lo acusa de haber “pretendido” hacerles daño a los médicos, de ser el creador del algoritmo de la Ley y de haber extendido la jornada de trabajo. Todo eso es falso. Se le conoce por su habilidad para difundir noticias falsas sobre la Ley 100, Uribe y el manejo de la pandemia por el gobierno del presidente Duque.

María Isabel Rueda denunció otras mentiras de Corcho: “Dice que los capitales privados en el sector (de la salud) “son ínfimos e inexistentes”. Falso. Que la salud en Colombia “es un negocio”, que “es de los bancos”. Falso. Y que hay que acabarlo”. Falso”.

La Ley 100 original nunca se aplicó plenamente porque el izquierdista Ernesto Samper Pizano y su presidente del ISS, Carlos Wolf Isaza, hicieron lo que quisieron para que no funcionara. Lo bueno de la Ley 100 se debe a Uribe y al Congreso; pero los mamertos quieren abolir la Ley 100 como un acto simbólico contra su peor enemigo, el expresidente, y para revivir el viejo dogma marxista, según el cual todos los servicios públicos deben prestarlos el Estado sin participación privada.

Un gobierno honesto revisaría el algoritmo original de la Ley 100, creado en Harvard, para estudiar con ayuda de expertos no politizados y no deformados en las redes sociales la posibilidad de restablecerlo o corregir la tergiversación que le hicieron Samper Pizano y sus secuaces de izquierda; pero para la izquierda prima su ideología sobre la ciencia y su objetivo es aniquilar a Uribe y la democracia.