Aquel año, el 30 por ciento de la población no tenía
oportunidad de acceder a un servicio médico en toda su vida; los hospitales del
Estado parecían de guerra porque prácticamente solo atendían casos de urgencia
y muchas de los procedimientos no urgentes debían esperar muchos meses; el
Seguro Social solo atendía a la esposa del trabajador cotizante durante el
embarazo, en tanto que el recién nacido tenía derecho al servicio durante el
primer año de vida.
La Ley 100 amplió la cobertura familiar sin restricciones,
permitió que la servicio llegara a más del 90 por ciento de la población y creó
el régimen subsidiado. Varios países enviaron comisiones para conocer el modelo
y lo copiaron con algunas modificaciones. El algoritmo del sistema había sido
elaborado por una universidad norteamericana, según nos contó el entonces ministro
de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta, en una reunión de un día con los
dirigentes de ASMEDAS, el sindicato médico del Seguro Social, de cuya Junta
Directiva Nacional este columnista era miembro.
En encuentros informales en el edificio del Congreso con el senador
Uribe Vélez, ponente del proyecto, su disponibilidad para escuchar nuestras
sugerencias para mejorar la norma fue permanente. Los médicos asmedistas del
MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, elaboraron en los años
siguientes un documento que proponía la anulación del sector privado en la
prestación de los servicios de salud, conforme al viejo dogma marxista y que
hoy, la nueva ministra, famosa por difundir noticias falsas en redes, quiere revivir
sin medir las consecuencias negativas de suprimir TODAS las EPS.
El entonces presidente de la República, el Dr. César Gaviria
Trujillo, firmó el Decreto 2148 que liquidaba la IPS, Institución Prestadora de
servicios de Salud, del Seguro Social, que solo conservaría el carácter de EPS,
Empresa Promotora de Salud; pero el Congreso se atravesó en la buena decisión
del presidente y allí empezó la tragedia. Una EPS no podía ser propietaria de
sus IPS.
En los primeros meses de 1994, escribí una columna que el Dr.
Gaviria leyó, razón por la cual el Superintendente de Salud, Oscar Emilio
Guerra, me llamó el mismo día para decirme que no me preocupara porque el
Gobierno estaba al tanto de mi denuncia. Mi comentario se refería a que no
podían crearse más de cuatro o seis EPS porque los cálculos de los expertos
mostraban que se necesitaban un millón 200 mil afiliados para alcanzar el punto
de equilibrio, es decir, para que el negocio no diera pérdidas. Se crearon más
de 35 EPS. La tragedia era inevitable.
Pero faltaba lo peor. El sucesor de César Gaviria fue Ernesto
Samper Pizano, un izquierdista elegido con dineros del cartel de Cali y quien
había pedido al Congreso que no aprobara el proyecto de ley; nombró en la
presidencia del ISS a Carlos Wolf Isaza para que la tormenta fuera perfecta. Su
interés era desmontar la Ley y lo lograron en parte y en completa impunidad.
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