Hubo más
falsos positivos en los gobiernos anteriores al de Uribe que en el suyo. Quien
debe comparecer ante la Comisión de la Verdad como testigo es su presidente, el
jesuita Francisco de Roux. En los años ochenta la ONG de su comunidad, el
CINEP, denunció los falsos positivos de los militares con conocimiento de los
oficiales; pero ningún gobierno se enteró o todos prefirieron desentenderse del
asunto. Por otras fuentes confirmé que fue un crimen habitual durante muchos
años.
Solo el
presidente Uribe decidió denunciarlos y sancionó a los oficiales involucrados. Según
la JEP, el 78 % de los falsos positivos ocurrieron durante el gobierno de
Uribe, pero no dan los datos de los cuarenta años o más anteriores, imposibles
de rastrear hoy. El expresidente tal vez no se imaginó que esa infamia fuese
cierta y soltó declaraciones ofensivas para los familiares de las víctimas. Un
camandulero como él no mata una mosca y mucho menos ciudadanos inocentes.
La JEP, la
izquierda y medios como la W Radio, Caracol, El Espectador y Blu Radio,
interesados en cuestionar y desacreditar a Uribe por motivos políticos y
económicos, no especifican los falsos positivos ocurridos en cada gobierno y con
malicia repiten el dato de la JEP, 6.402, casi ochocientos por año, dos o tres
por día.
Es posible
que, como pasó con la masacre de los militantes de la Unión Patriótica, brazo
político de las FARC-EP, se haya exagerado el dato y se hubiese incluido como
víctimas de los falsos positivos a los familiares y al perro. Inicialmente se
habló de 1.500 militantes de la UP asesinados; en el último informe mentiroso
de Semana, cuando era dirigida por el sobrino del expresidente Santos, se habló
de más de 6.000 “víctimas”. ¿Si eran tantos los miembros de la UP? ¿Cuántos
sobrevivieron?
Como tenemos
una mentalidad binaria heredada de las estructuras o relatos que nos controlan –cristianismo,
democracia, marxismo y redes sociales-, hemos perdido la capacidad de análisis.
No indagamos por el silencio de los militares después de que el Acuerdo de paz
lo convirtieran en un intercambio de impunidades, aunque expresamente el
documento lo niega. Si hubo 6.402 falsos positivos y por lo menos hubo diez
autores materiales por caso, tendríamos más de 64.000 militares involucrados,
sin contar los respectivos y numerosos superiores que sirvieron de cómplices y
no denunciaron. La JEP es juez y parte y por eso engaña.
Un análisis serio
mostraría también el giro dado por la izquierda en los últimos años. Después de
las denuncias sobre el fracaso del marxismo en los años ochenta, sus ideólogos,
como el argentino Ernesto Laclau, entendieron que la mejor arma para sus
propósitos era el control del lenguaje. En Colombia lo han logrado con la ayuda
de los medios y las redes. “Uribe” significa paraco asesino; “decentes” son
guerrilleros y violadores de niños; “políticos corruptos” quiere decir políticos
no mamertos; “presidente Duque” es sinónimo de dictador.
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