Repugnante feminismo

 

Agustín Laje, autor de El libro negro de la nueva izquierda, llama “feminazis” a aquellas mujeres, generalmente lesbianas y transgéneros marxistas, que impulsan en todo el mundo el enfoque de género discutido en esta columna. Las feminazis conforman una minoría que no llega al uno por ciento de la población dedicada a imponer una nueva forma de racismo contra hombres y mujeres heterosexuales.

En Colombia han intentado, a través de Gustavo Petro, Gina Parody y Claudia López, hacer una reforma educativa similar a la que en España introdujo el partido de izquierda Unidas Podemos, a la que desde los años noventa del siglo pasado impuso sin mucho éxito el peronismo en Argentina y a la establecida en Perú, sin contar la influencia conseguida en otros países.

De una forma soterrada, la izquierda, especialmente la Alianza Verde, intenta, con la ayuda de idiotas útiles de otros partidos, avanzar en algunas reformas feministas suaves, decentes y de sentido común, con el propósito de hacer proselitismo entre millones de mujeres que no saben nada de las intenciones sucias de algunas de estas señoras. Gozan, además, con el respaldo de ingenuos congresistas varones afectados por “el síndrome del macho arrepentido” y que, como el expresidente Santos, piensan que la ideología de género no existe.

Al menos catorce proyectos “feministas” cursan sin obstáculo en el Congreso a pesar de que algunos son una clara violación de nuestra Constitución o se refieren a reformas ya incluidas en el Acuerdo de paz y que solo necesitan una reglamentación del Ejecutivo; otro establece una cátedra obligatoria con un claro propósito de adoctrinar en enfoque de género; algunos más crean privilegios para las mujeres, pero ignoran las minorías.

Si las damas tienen derecho a la paridad con los varones porque conforman la mitad de la población, igual aplicación debe hacerse a las negritudes, los indígenas, los homosexuales y otras minorías. Si en un departamento o municipio, por ejemplo, la mitad de la población es afrodescendiente o indígena, la mitad de sus listas de los partidos y la mitad de los funcionarios públicos deberían ser de esas etnias en la lógica del feminismo.

Cursa un proyecto “para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política”. Es francamente inconstitucional. ¿Por qué no se tiene en cuenta a otros sectores que también son afectados por esa violencia, como las víctimas del conflicto? Un proyecto “para garantizar recursos para la promoción de la participación política de las mujeres”. ¿Por qué no se incluyen a otros sectores más discriminados y sin dinero como la comunidad LGBTI o las minorías religiosas y los inmigrantes?

Las señoras congresistas buscan asegurar sus curules y los cargos públicos. Los privilegios femeninos sólo favorecen a las pequeñas “roscas” que conforman todos los partidos y por eso mujeres de todas las corrientes impulsan esas leyes. En nuestra Carta, los derechos son universales y no hay derechos exclusivos para u otros.

El impuesto a las pensiones

 

Me parece aceptable el proyecto del Gobierno que amplía la aplicación del IVA a productos de la canasta familiar de las clases altas porque he leído las opiniones favorables de eminentes economistas distintos al ministro Carrasquilla. Pero no comparto el impuesto para las pensiones, de la misma forma como lo hice cuando en el referendo del primer mandato del Dr. Uribe Vélez se incluyó ese impuesto que fue rechazado por los colombianos.

Los aportes del trabajador y su patrono durante la vida laboral se han denominado “bono pensional”. Supongamos que un funcionario público trabajó la mayor parte de su vida con un salario que oscila entre dos y cinco millones de pesos; pero cuando está próximo a pensionarse logra que su partido lo incluya en las listas para el Congreso de la República y se da una “palomita” de unos meses. Su mesada pensional será de 30 millones pesos y no de dos o cinco millones como correspondería a su bono pensional o al promedio aportado toda su vida.

No obstante, el problema es más complicado porque un alto porcentaje de las pensiones del sector público, las mismas que resultan subsidiadas con los impuestos que todos pagamos, se han obtenido con la utilización de los privilegios legales o de las convenciones colectivas.

Un caso repugnante venía ocurriendo en la rama jurisdiccional. Resulta que los viáticos eran factor salarial para calcular la pensión y esta correspondía al promedio del último año. Millares de jueces, fiscales y magistrados, especialmente con buenas palancas políticas, eran enviados a comisiones en otras ciudades para que sus viáticos les duplicaran la pensión. Entidades como Banco de la República, Ecopetrol, Colpuertos, las empresas públicas de muchos municipios y departamentos, el antiguo Telecom, Policía Nacional, magisterio y hospitales crearon privilegios en materia pensional. Funcionarios que se pensionaban con veinte años de servicio sin el requisito de la edad, por ejemplo.  

Otra, muy distinta, es la situación de aquellos funcionarios del sector público que durante toda su vida laboral aportaron sobre salarios y se pensionaron con una mesada correspondiente a su bono pensional. Un impuesto en este caso es un verdadero robo. Cuando esos funcionarios entraron al sistema les dijeron que su plata ahorrada pagaría la pensión con los intereses que iba a producir, pero ahora el Estado ladrón les quiere cambiar las reglas del juego.

Si se van a gravar las pensiones, debe calcularse el bono pensional. Si la mesada corresponde al bono, cero impuestos. Si no, el impuesto debe ser proporcional al privilegio recibido o a la trampa utilizada. Un impuesto genérico a las pensiones es una clara violación de nuestra Constitución Nacional y una injusticia. Como el referendo no se aprobó en el gobierno Uribe, el presidente actual busca burlarse de la voluntad popular. ¿No fue eso lo que hizo Santos en su plebiscito tramposo sobre el Acuerdo de paz? 

La Ley Trans

 

Los funcionarios de la secretaría de educación de Bogotá, en la alcaldía de Gustavo Petro, trataban de justificar las modificaciones que estaban implementando en los programas de educación sexual con el peregrino argumento de que nuestra tradicional forma de educar era “adultocentrista”, lo que suponía que ellos conocían y aplicaban una nueva pedagogía sexual “niñocentrista”. En realidad, se trataba de un engaño que los funcionarios de Petro repetían, aunque no entendían de lo que hablaban.

Esta discusión que no se ha dado en Colombia, excepto por una entrega del programa de televisión Séptimo Día en el 2013 y por los reiterados ataque de esta columna al enfoque de género, está al rojo vivo en España por un proyecto de Ley Trans puesto en discusión por la ministra Irene Montero, esposa del vicepresidente Pablo Iglesias, máximo dirigente de Unidas Podemos y que es como el Petro de la Madre Patria, el mismo que envió una comisión el día de las últimas elecciones nuestras para celebrar un eventual triunfo de la Colombia Humana.

Los españoles están empezando a comprender las contradicciones y las gravísimas consecuencias de ese proyecto. Allí se establece que cualquier ciudadano español puede cambiar de sexo sin cumplir los requisitos exigidos anteriormente de una certificación médica o psicológica, haber pasado por una sala de cirugía y haber recibido el necesario tratamiento hormonal. Bastará que el ciudadano o ciudadana se presente a una notaría y declare que es transgénero porque se percibe como tal.

En Colombia, gracias al pernicioso Acuerdo de Paz, ese concepto del género notarial ya es una ley, según la discutible interpretación de la Corte Constitucional en que se basó el Tribunal de Bogotá para conceder, vía tutela, la pensión a un hombre de nacido en 1958 y que, en el año 2007, cuando contaba 49 años, se presentó a una notaría y, mediante escritura pública, modificó su registro civil para quedar convertido en mujer. Colpensiones le había negado la pensión con buenos argumentos, pero el Tribunal ordenó el pago el año pasado.

El Tribunal dijo que esa búsqueda de reafirmación de identidad puede construirse independientemente de que se haga intervención quirúrgica o tratamientos médicos. El absurdo fallo de tutela termina afirmando que la dignidad humana no está en función de una determinación binaria erigida por el sexo, sino que “debe atender al ser humano en su real dimensión, más allá de lo meramente corpóreo”.

Es increíble que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá desconozcan la ciencia médica a pesar de que cuentan con eminentes profesionales como asesores. ¿Qué quieren decir con “lo meramente corpóreo”? ¿Se refieren al alma o a algo distinto al cuerpo que nos dé identidad de género? ¿A qué llaman “la real dimensión del ser humano”? La puerta que abrieron podría generar la quiebra del sistema pensional porque millones de hombres usarán el mismo truco. Los jueces siguen legislando y desconociendo el Congreso.  

 

"No se nace mujer, llega una a serlo"

El título de esta nota es la frase que hizo famosa a Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, con primera edición en 1949. “La frase es extraña, parece incluso no tener sentido”, dice Judith Butler, y en ello tiene toda la razón. Para los amigos que han seguido esta columna la afirmación de la profesora norteamericana es completamente lógica y tiene su explicación.

La expresión “una” lleva a pensar que hay un agente o un sujeto previo a la asignación del género femenino, pero para el pensamiento posestructuralista de Butler no hay sujeto. Peor aún, Simone tiene una confusión, muy propia de su compañero Jean Paul Sartre y los existencialistas de su tiempo, al considerar que el género es algo que se elige libremente, teoría errónea que todavía defiende nuestra Corte Constitucional.

Aunque de Beauvoir afirma que “en la sociedad humana nada es natural y la mujer es uno de tantos productos elaborados por la civilización”, incurre en graves contradicciones al escribir: “los elementos biológicos son de enorme importancia: desempeñan en la historia de la mujer un papel de primer plano, son un elemento esencial de su situación”.

Estamos en el núcleo de la discusión que se viene dando en España por el proyecto de la Ley Trans de Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias y ministra del gobierno socialista. A los colombianos también nos interesa después del Acuerdo de paz. Tal discusión supone tres elementos: el sujeto, la naturaleza humana biológica y la cultura. El primero es un mito de la sociedad democrática y del cristianismo; el segundo, el campo de las ciencias que Judith y Jacques Lacan llaman lo Real, y el tercer elemento es la cultura, que Lacan llama el Gran Otro.

En el Acuerdo de Santos, y en el proyecto educativo de Podemos en España, el sujeto o niño no existe como tal y no es propiedad de sus padres, razón por la cual el Estado puede educarlo como quiera. Si el género es una imposición cultural de la sociedad patriarcal y machista, el Estado puede imponer otra visión del género y hacerlo desaparecer porque sirve a los abusos del capitalismo.

Simone de Beauvoir critica el marxismo: “no está claro que la propiedad privada haya provocado fatalmente el sometimiento de la mujer; el marxismo no puede ofrecer soluciones a todos los problemas que afectan al hombre; es insostenible la tesis marxista que trata de reducir la oposición o diferencia de los sexos a un conflicto de clases; en la lucha de clases no existe una base biológica, es solo cultural; suprimir la familia, como pretende la izquierda, no supone necesariamente la liberación de la mujer; el vínculo que une a la madre y el hijo es irreductible a cualquier otro; el materialismo histórico solo ve en el hombre y la mujer entidades económicas”. Y Simone era marxista. ¡Qué tal!