Un fallo muy discutible (2)

 

El psicólogo neozelandés John Money lanzó en 1955 su teoría sobre el género como algo adquirido: “Un rol de género nunca se establece en el momento de nacer, sino que se construye de forma acumulativa a través de las experiencias vividas”. Si hay dudas sobre el carácter masculino o femenino de un recién nacido por una malformación de sus genitales, o si el niño varón sufre un daño grave en su pene por una infección o una cirugía, se puede hacer una reconstrucción de sus genitales y criarlo con el género correspondiente al sexo dado en cirugía.

Como es más fácil la construcción quirúrgica de una vagina que de un pene, eso es lo que recomendaba Money en esos casos. En 1966 se experimentó con el niño David Reimer que perdió su pene por una cirugía. Le construyeron una vagina y fue criado como niña, pero en la adolescencia se sentía varón y su crisis emocional lo llevó al suicidio. Este hecho era una clara demostración de que la teoría de Money era falsa, según Michel Onfray, el filósofo francés. La tesis de Money es exactamente la misma que sustenta la izquierda.

Dado que quien es sometido a tratamiento hormonal y a la amputación de sus genitales no volverá a sentir ningún placer sexual, los transexuales o transgéneros, reales o ficticios, exigieron reconocer su identidad sin la obligación de la reasignación hormonal-quirúrgica. El resultado fue la formación de un movimiento político identitario aceptado por nuestra Corte Constitucional por mandato de las Farc en el Acuerdo de paz.

La izquierda y nuestra Corte Constitución cometen un gravísimo error porque ignoran que muchas personas que dicen percibirse como transgéneros lo hacen porque padecen alguna patología mental, como la esquizofrenia, o genética, como el autismo. Otras personas pueden fingir el cambio de identidad sexual como coartada para algo ilícito.

Por ejemplo, un varón delincuente puede exigir ser enviado a una prisión de mujeres porque se percibe mujer, para luego violar algunas de las reclusas como se reportó en Argentina. Otros varones colombianos pueden percibirse mujeres para pensionarse a los 57 años con solo 1000 semanas de cotización, y no 1300, por decisión de nuestra Corte.

Más grave aún es la influencia de las redes sociales en la decisión de algunos menores como lo demostró un informe en 2018, del investigador David Bell: “El número de peticiones de transición (cambio de sexo o género) entre los menores había aumentado de forma vertiginosa entre 2010 y 2018 (más del 200 por ciento) bajo la influencia de las redes sociales”. El lema de una de esas páginas es: “Ser transgénero es la solución para dejar de sentirse como una mierda”. Las citas son tomadas del libro de la psicoanalista y filósofa francesa Elisabeth Roudinesco titulado El yo soberano, con primera edición en 2022.

El enfoque de género o teoría Queer está llevando en todo el mundo al fracaso de la izquierda. La sociedad no aguanta más tanta perversion.

El aborto no es un derecho fundamental

 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó el año pasado que el aborto no es un derecho fundamental en la Constitución Política de esa nación. Nuestra Corte Constitucional se ha expresado en los mismos términos.

Los derechos humanos fundamentales se predican del ciudadano por el hecho de existir sin ninguna otra consideración como raza, opinión, credo religioso, SEXO, edad, partido político, enfermedad, color de la piel o identidad, incluida la identidad de GÉNERO. Por tanto, no hay derechos humanos fundamentales distintos para hombres y mujeres. No hay un solo derecho fundamental de los hombres que no sea también de las mujeres.

En Colombia, una mujer puede abortar sin importar la opinión del padre del niño por nacer. También lo puede hacer ignorando las recomendaciones del médico o simplemente simulando una enfermedad mental o amenazando con suicidarse para “justificar” la causal que permite el aborto (o asesinato) en el tercer trimestre del embarazo cuando el no nato es viable.

Las lesbianas y mujeres transgénero que defienden el enfoque de género, inventado por la izquierda en los últimos cincuenta años en las facultades de ciencias sociales y humanas de los Estados Unidos, alegan que el aborto es un derecho de las mujeres porque está relacionado con sus derechos a la vida y a la salud. Eso no es más que un sofisma antidemocrático e irresponsable.

El enfoque de género es la ideología de una minoría de la comunidad LGBTIQ+ que no llega al 1 por ciento de la población y que quiere imponer sus falacias para destruir la organización familiar, legalizar el aborto, la pedofilia y el incesto. Así apareció en la no aprobada Constitución Chilena mamerta y en algunos proyectos de ley presentados por Gustavo Petro y el tenebroso ministro de Justicia. La mayor parte de los homosexuales y lesbianas se reconocen como hombres y mujeres, rechazan el enfoque de género de la izquierda por degradante y perjudicial para la organización social. Las mujeres heterosexuales tampoco aceptan esa perversa ideología.

Así como inventan derechos que no existen, los partidos de izquierda manipulan la repugnante “paridad” de género en los cargos públicos. En las últimas elecciones, Petro puso en lista para el Congreso a Mary Luz, la exguerrillera madre de dos de sus hijos; Roy Barreras, a su esposa, y María José Pizarro a su hermana. Esa paridad de género es un fraude y una burla, no un derecho. La política es un negocio familiar.

Cuando aprobaron que el 30 por ciento de los cargos públicos eran para las mujeres, nada dijeron de los derechos de grupos discriminados como homosexuales, comunidad LGBTIQ+, indígenas o negros, y los parapolíticos en prisión cedieron sus cargos a esposas, hijas y hermanas.

El enfoque de género marxista, introducido por las Farc, debe salir de nuestra Constitución Nacional. La ley de la Corte Constitucional que legaliza el aborto, no dictada por el Congreso, debe ser modificada. La ideología de izquierda no es nuestra Carta Política.

Un fallo muy discutible

 

La Corte Constitucional sigue violando nuestra Carta Política por su afán de legislar, y lo hace con una nueva amenaza: si el Congreso no actúa, la sentencia de la Corte se convierte en ley de la República. Me refiero a su aplicación del enfoque de género de izquierda consagrado como constitucional por el Acuerdo de paz con el cartel narcotraficante más grande del mundo, las guerrillas de las FARC.

Como en el año 2003 una ley aumentó las semanas de cotización al sistema pensional a 1.300, la Corte decidió apoyarse en el perverso enfoque y ordenó volver a la Ley 100 de 1993 con 1000 semanas para obtener la pensión, aplicable exclusivamente a las mujeres que coticen a Colpensiones.

Hay argumentos de carácter jurídico, económico, científico y filosófico contra ese fallo que, si la Corte los hubiera tenido en cuenta, seguramente no se habría atrevido a tanto. Nuestra Carta aplica los derechos humanos a todo ciudadano por el hecho de existir sin tomar en consideración su raza, sexo, género, opiniones, religión o identidades.

La izquierda ignora los avances de la biología con el propósito de hegemonizar al movimiento feminista y enfrentarlo al Estado democrático. Eso mismo ha hecho con los indígenas, afrodescendientes, el movimiento ecológico fundamentalista y la Primera Línea de estudiantes y organizaciones criminales con aporte financiero de países extranjeros.

Para explicar esta situación, debo contar que terminé estudios de Derecho en 1986 y que un magistrado del Tribunal Superior de Pereira me expulsó de clase porque cuestioné el carácter obsoleto de su cátedra de Filosofía del Derecho. La mayoría de los magistrados de nuestras cortes hicieron su carrera de abogados en aquellos años y no creo que tengan una buena formación en este campo porque sus decisiones se deben a la influencia del marxismo en nuestras universidades. De hecho, en otra columna mostré cómo la Corte viene aplicando el enfoque de género marxista desde antes de la firma del Acuerdo de paz.

En el campo de la economía, el populismo de la Corte le hace un grave daño al sistema pensional y aumenta el déficit enorme que ya tiene. Cité hace apenas unas semanas el concepto del exministro Carrasquilla en el sentido de que el régimen de prima media de Colpensiones no tiene futuro porque la población está envejeciendo, y el número de asalariados por cada pensionado sigue disminuyendo. Cuando en todo el mundo se suprime el régimen de prima media y se igualan las condiciones de la pensión para hombres y mujeres, nuestra Corte impone la retrógrada ideología mamerta.

Ese enfoque ideológico tiene como objetivo fundamental destruir la organización familiar y legalizar la pedofilia y el incesto, aunque en los últimos años se han realizado muchos estudios científicos que lo refutan. Millones de hombres se percibirán como mujeres para hacerle trampa a la ley, según la ridícula autorización de la misma Corte en otro fallo reciente. Ayuden a las damas, pero no así.

El robo pensional

 

“Petro le está haciendo mucho daño a Colombia y tendrá que renunciar”. Son palabras de Carlos Alonso Lucio, compañero de Gustavo Petro en la guerrilla del M – 19. Y agrega: “El problema principal de Petro no es ideológico; radica en su condición psíquica que siempre lo conduce a la destrucción de algo o de alguien”.

La reforma pensional hará daño a muchos miles de colombianos con salarios superiores a tres salarios mínimos mensuales, con la coartada petrista de dedicar el dinero robado para subsidiar a más de tres millones de colombianos mayores sin pensión. Esa es la trampa usada por Petro para comprar los votos de los beneficiados, y sus familiares, y para garantizar su permanencia en el poder directamente o por interpuesta persona.

En una columna anterior mostré el proyecto de reforma pensional del expresidente Iván Duque, la antítesis del proyecto Petro. Mientras Duque buscaba transformar a Colpensiones en un fondo pensional del Estado, Petro llevará a la quiebra a los fondos privados y obligará a todo colombiano de salario alto a aportar a Colpensiones lo correspondiente a los primeros tres millones, en tanto que el excedente de los aportes podrá hacerlo a un fondo privado.

La razón técnica de la reforma pensional de Duque la explicaba su ministro Carrasquilla: el régimen de prima media de Colpensiones no tiene futuro porque se basa en la presunción de que los trabajadores activos pagarán la mesada de los pensionados. El número de asalariados activos por cada pensionado es cada año menor, ente otras razones, porque el porcentaje de las personas mayores seguirán creciendo en relación con el número de jóvenes; además, la tasa de natalidad disminuye drásticamente en casi todo el mundo y hará crisis en el 2028.

Para explicar el robo, dos profesores de la Universidad Nacional calcularon la pensión que recibiría con la reforma Petro un profesor universitario o cualquier colombiano de clase media con un salario de diez millones de pesos mensuales, en comparación con la mesada que recibiría con el régimen actual de la Ley 100 de 1993. Son los profesores Orlando Acosta, de la Facultad de Medicina, y Héctor Ramírez, de Ciencias Humanas. Cito a Ramírez:

“Un profesor o un cotizante, que al final de su vida laboral tiene un promedio de diez salarios mínimos mensuales, en el sistema actual recibiría una pensión de aproximadamente de siete millones. En la reforma, de esos diez salarios mínimos, los aportes de tres millones se dedican al componente de prima media de Colpensiones, y el excedente va al componente de ahorro individual con una rentabilidad menor. Colpensiones solo le va a garantizar una mesada de unos $ 2.200.000; el componente del ahorro individual que proviene de los fondos, le daría una mesada de $ 1.700.000, aproximadamente. Su pensión se reduciría, en total, a unos cuatro millones de pesos”. Cita tomada de entrevista con Yamid Amat.

El estudio fue entregado a todos los congresistas. La reforma pensional será archivada muy probablemente.