LA LEY 100 DE 1993 (2)

 

Diana Carolina Corcho (1983), ministra de Salud, dijo hace pocos días: “De treinta EPS, 17 no cumplen condiciones financieras para manejar recursos billonarios. Solo cinco cumplen con condiciones fiscales y financieras, lo que quiere decir que el sistema va a un oligopolio”.

Su premisa es cierta y coincide con lo que escribí en 1994 como comenté en la primera parte de esta nota: no debe haber más de cuatro o seis EPS; pero su conclusión es falsa. No hay oligopolio cuando hay participación del Estado entre las EPS y cuando el sistema no permite más de seis EPS porque quiebran.

Una compañera de estudio en la Universidad Nacional describe a la Dra. Corcho como “insufrible, anarquista, agresiva e irrespetuosa”. Sorprende que se haya especializado en psiquiatría no solo por su patología emocional mitómana, sino porque esa especialidad choca abiertamente con el marxismo.

Los mamertos adoran a Michel Foucault, un pedófilo anarquista que odió la medicina, en particular la psiquiatría. La izquierda busca abolir la psiquiatría. El Art. 29 de la rechazada Constitución izquierdista de Chile consagra el derecho a la locura: “El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad”. Sobran los psiquiatras.

A la Dra. Corcho no se le conocen actividades administrativas fuera del paso, con mal final, por la alcaldía de Petro. Atribuye al expresidente Uribe los defectos de la seguridad social. Lo acusa de haber “pretendido” hacerles daño a los médicos, de ser el creador del algoritmo de la Ley y de haber extendido la jornada de trabajo. Todo eso es falso. Se le conoce por su habilidad para difundir noticias falsas sobre la Ley 100, Uribe y el manejo de la pandemia por el gobierno del presidente Duque.

María Isabel Rueda denunció otras mentiras de Corcho: “Dice que los capitales privados en el sector (de la salud) “son ínfimos e inexistentes”. Falso. Que la salud en Colombia “es un negocio”, que “es de los bancos”. Falso. Y que hay que acabarlo”. Falso”.

La Ley 100 original nunca se aplicó plenamente porque el izquierdista Ernesto Samper Pizano y su presidente del ISS, Carlos Wolf Isaza, hicieron lo que quisieron para que no funcionara. Lo bueno de la Ley 100 se debe a Uribe y al Congreso; pero los mamertos quieren abolir la Ley 100 como un acto simbólico contra su peor enemigo, el expresidente, y para revivir el viejo dogma marxista, según el cual todos los servicios públicos deben prestarlos el Estado sin participación privada.

Un gobierno honesto revisaría el algoritmo original de la Ley 100, creado en Harvard, para estudiar con ayuda de expertos no politizados y no deformados en las redes sociales la posibilidad de restablecerlo o corregir la tergiversación que le hicieron Samper Pizano y sus secuaces de izquierda; pero para la izquierda prima su ideología sobre la ciencia y su objetivo es aniquilar a Uribe y la democracia.

ASÍ SE CREA UNA DICTADURA

 

Tal vez la mayoría de los colombianos no se han percatado de las modificaciones que ha sufrido el proyecto comunista en los últimos cuarenta años, motivo por el cual no logran comprender los eventos políticos que se vienen presentando con el actual gobierno en el marco del ascenso al poder de la izquierda en otros países latinoamericanos.

Desde su nacimiento, a mediados del siglo XIX, el marxismo buscaba establecer una “dictadura del proletariado”, pero realmente era la dictadura de un pequeño grupo de intelectuales en nombre de los trabajadores, aunque estos nunca fueron consultados. Religiones, partidos y guerrillas se ha atribuido la representación del pueblo, demagogia para obtener votos, apoyo o sumisión.

Por diversas razones, en particular por el fracaso comunista en la URSS y en la China de Mao Zedong, los ideólogos revolucionarios cambiaron la vieja teoría de Carlos Marx por otra que se conoce como la Teoría Hegemónica.

Mediante el control de la educación y la cultura, la nueva izquierda se gana para su causa a diversos grupos u organizaciones, ya no de asalariados, con el propósito de tomar el Estado por medio de elecciones para luego convertirse en una dictadura, tal como lo hemos visto en Argentina, Nicaragua y Venezuela. Esas organizaciones o grupos cooptados, controlados o hegemonizados son: indígenas, estudiantes, guerrillas, ecologistas, feministas radicales con enfoque de género, campesinos, maestros e intelectuales.

En principio, su gobierno, ganado en las urnas y en las redes sociales corriendo los límites de la ética, tiene dos opciones. Una, utilizar los precios altos del petróleo o de otro mineral para financiar su populismo; pero si el país está en crisis económica o no hay petróleo suficiente, hace una reforma tributaria y confisca los ahorros de los fondos de pensiones para obtener los dineros necesarios para los subsidios que prometió a los grupos que le dieron su voto. Con los subsidios “compra” los votos de los pobres en sucesivas reelecciones para luego asumir la dictadura. O el dictador es sucedido por su esposa bailarina o un familiar (Argentina, Cuba).

Esta fase hegemónica se denomina también “Radicalización de la Democracia”. Para ello, el presidente convoca una asamblea constituyente, como la chilena, para consagrar todo tipo de derechos “sociales”, no humanos o fundamentales. Estos últimos se reconocen a todo ser humano por el hecho de existir; en cambio los “sociales” crean privilegios para quienes son mujeres (paridad en puestos), indígenas (invasiones), enfermos mentales (“neurodiversos” los llama el Art. 29 de la rechazada Constitución chilena), campesinos (Reforma Rural), géneros no binarios (Art. 10, CN de Chile), etc.

Para el dictador, mientras más mediocres sean sus funcionarios o subalternos, mejor. Obvio. El proyecto se empieza a desbaratar cuando algunos de esos hegemonizados se dan cuenta de la trampa y renuncian, como los mapuches en Chile. Además, ese proyecto hegemónico, basado en la filosofía posmoderna, es imposible e impensable, como lo explicaré en otras columnas

EL TRINO DE URIBE (3)

 

Las Universidades del Rosario y Santo Tomás, o las autoridades judiciales, deben investigar a algunos profesores por la farsa que montaron en sendos videos contra el expresidente Uribe Vélez porque trinó que las protestas y bloqueos de 2019 y 2021, en Chile y Colombia, fueron una aplicación de La revolución molecular (RM). La investigación mostrará los delitos cometidos y la ignorancia de los profesores.

El concepto “territorio” es tomado por el profesor Tamayo de la Universidad del Rosario en el sentido convencional, físico, como cuando afirma que “los indígenas se desterritorializan de su resguardo, y llega el ESMAD a reterritorializarlos”. En las teorías de Guattari, los humanos vivimos en códigos porque nuestra “realidad” es simbólica o virtual; en cambio, los animales viven en territorios porque no tienen un lenguaje articulado.

Como los humanos son sustituidos en las teorías de Deleuze y Guattari (D y G) por “máquinas deseantes” o individuos que no comparten un lenguaje o rechazan los códigos sociales, el concepto de territorio es tomado de la biología: los animales marcan territorio. Hay una analogía entre territorio y código. Los indígenas están desterritorializados con relación a la sociedad democrática y capitalista porque sus códigos son otros.

Cuando un cristiano habla de Dios, se desterritorializa porque los códigos nuestros no son aplicables al mundo trascendente. Los miembros de la Primera Línea están desterritorializados con relación a nuestra sociedad porque rechazan nuestras ideologías (códigos) religiosa, democrática y capitalista.

Algunos profesores de marxismo desconocen el psicoanálisis, razón por la cual dicen una barbaridad sobre otra en sus críticas al expresidente. Conceptos como “deseo” o “inconsciente” tienen un sentido completamente distinto en psicoanálisis y en el Anti-Edipo. Anti-Edipo significa “contra el psicoanálisis”.

Ahora podemos comprender el significado del “agenciamiento”, un término fundamental pero que los maestros de izquierda no explican. Agenciamiento es definido por Guattari como “la relación de cofuncionamiento entre elementos heterogéneos que comparte un mismo territorio”. Los elementos de la primera línea son heterogéneos y comparten un mismo “código” o territorio que es asignado por quienes los organizan y les pagan, esto es, el marxismo, organizaciones criminales y las guerrillas, como probó la Fiscalía.

El concepto de “agenciamiento” se parece al concepto “articulación” usado por la Nueva Izquierda en la teoría hegemónica de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe: “Llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modificada como efecto de la práctica”.

La izquierda hegemoniza o articula diversos grupos sociales en el proceso de la toma del poder en elecciones, como acabamos de verlo en Colombia y Chile. Indígenas, feministas, negros, cocaleros, ecologistas, comunidad LGBTIQ+ son articulados por sus antagonismos con la sociedad democrática y capitalista. O mejor, la izquierda les da una nueva posición de sujeto o identidad revolucionaria.

El adoctrinamiento llevado a cabo por colegios y universidades se continuará de forma más abierta y burda en el gobierno Petro que como se ha hecho hasta ahora.

LAS DOS CARAS DE LA NUEVA IZQUIERDA

 

La izquierda, organización política y económica de carácter internacional, tiene dos caras. Una amable, seductora, limpia, plagio burdo de la sociedad democrática que es usada para engañar a sus eventuales electores, en especial aquellos grupos o etnias incluidos en su proyecto hegemónico: indígenas, intelectuales, feminismo radical, la comunidad LGBTIQ+, campesinos, estudiantes adoctrinados, ecologistas y artistas.

En ese grupo ya no se incluye a los obreros o a los sindicatos aburguesados que solo luchan por sus intereses particulares. En el Acuerdo de paz no fueron incluidos los asalariados porque ya no son sujetos revolucionarios, aunque parece que la ministra de Trabajo no se ha enterado y sigue proponiendo reformas para beneficiarlos; son menos del 6 por ciento de los trabajadores formales. No le importan a la ministra el 94 por ciento de los trabajadores no sindicalizados ni el total de los informales. No se imagina que incrementando el valor de la nómina, que al final pagaremos los ciudadanos, aumentará el desempleo, la inflación y el hambre.

La otra cara de la izquierda es perversa, oculta, cínica, maliciosamente utilizada sin que la mayoría de los ciudadanos, seguidores o no, puedan identificar sus intenciones. Es la cara terrorista y asesina de la Primera Línea de cocaleros, mercenarios, estudiantes encapuchados, grupos guerrilleros con el mismo objetivo de tomar el poder; organizaciones indígenas cuyos dirigentes son títeres de los líderes de la izquierda; organizaciones mafiosas que obligan a los campesinos de sus zonas a votar por la izquierda, con la garantía de que no habrá glifosato, el peor enemigo de su negocio.

La Primera Línea es financiada con dinero sucio procedente de criminales, Gustavo Bolívar, guerrillas y gobiernos extranjeros (unidos a la izquierda por razones económicas o geopolíticas). Los encargados del engaño de la Primera Línea son los payasos estudiantes que cantan y bailan antes de que los encapuchados cumplan la orden de asesinar policías, según cuenta la revista Semana.

Cuando la izquierda se pone la cara limpia y sonriente, obedece a una estrategia que sus ideólogos Ernesto Laclau y Chantal Mouffe llamaron desde 1985 “la radicalización de la democracia”. Dicen cosas hermosas de los derechos humanos; se emocionan exaltando los derechos femeninos, pero no cuentan que su objetivo es destruir la familia, tal como quedó consignado en el Art. 10 del proyecto de la nueva Constitución chilena, rechazada por un pueblo que despierta.

A los indígenas los emocionan con la posibilidad de recuperar las tierras que les “arrebataron” desde 1492. A los pobres les prometen subsidios pagados por los ricos; pero no les cuentan que la reforma tributaria bajará la inversión, aumentará el desempleo, la inflación y el hambre. Eso no le importa al Gobierno porque la filósofa ministra de Minas dijo que se está apostando a un decrecimiento de la economía para proteger el Planeta, aunque millones de colombianos mueran de hambre o tengan que emigrar como más de 7,5 millones de venezolanos.