LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES

Las explicaciones fáciles e irresponsables de los fenómenos sociales siguen a la orden del día, tal como lo denuncié en la columna sobre la falta de criterios científicos entre los colombianos y no solo en las redes sociales. Cada cual, de acuerdo con su ideología o su ignorancia, se apresura a dar la sentencia última sobre la masacre infame que afecta a centenares de ciudadanos que de una u otra forma intentan abrirles caminos a la paz y a la democracia en zonas controladas por la barbarie.

Eso nos lleva a pensar que uno de los determinantes de los asesinatos de líderes sociales es la ingenuidad de quienes creen que la paz ya está aquí, y que no traerá ninguna consecuencia para los líderes la lucha por los derechos de los desplazados y el medio ambiente o contra la minería ilegal y los cultivos de coca.  Hay en esta masacre muchas otras hipótesis que cada cual aprovecha, como pesca en río revuelto, para obtener sucios beneficios políticos o electoreros.

Otro aspecto interesante del problema, ya discutido por otros columnistas, son los efectos colaterales de las políticas del Gobierno que merecen la atención de la academia y de los historiadores para que todos entendamos mejor lo que sucede. Desde cuando el presidente Santos y su equipo, en el marco de las discusiones de La Habana, se apresuraron a aceptar la petición de organizaciones campesinas, en paro y controladas por criminales, de suspender la aspersión aérea de la coca, nos invadieron los cultivos con el consiguiente daño ecológico que apenas ahora se denuncia.

También, en nombre del “bien supremo de la Paz”, se prometieron muchos millones de pesos por cada cultivo de coca.  Se intensificó el daño ambiental, se incrementaron los ilícitos y desaparecieron las posibilidades de la paz en las zonas de influencia guerrillera. Con la mano izquierda Santos borraba lo bueno que había escrito con la derecha. El Estado premiaba el narcotráfico para darles gusto a las FARC.

La pregunta que surge es obvia: ¿hasta dónde los errores del Gobierno en su política de paz son determinantes del asesinato de lideres sociales?  Aunque la respuesta es difícil, la relación mayor o menor no tiene discusión. Quienes otorgaron el Nobel de Paz nunca pensaron que un mal acuerdo con las FARC establecería los fundamentos de una nueva cadena de muertes y violencia que esta vez no afecta a los “ricos” sino a los sectores deprimidos convencidos de que las buenas intenciones son escudo suficiente contra las balas.

No todos los miembros de las juntas de acción comunal o de las organizaciones defensoras de los derechos humanos son santos; en el pasado reciente se denunciaron milicianos y secuestradores que pertenecían a aquellas instituciones respetables. Además, a nuestros líderes comunales no los matan por motivos políticos, como era frecuente en el pasado; ahora, por atentar contra los intereses económicos de los delincuentes.