Lo que acaba
de suceder en Cajamarca es el comienzo de un desastre nacional si el Estado no
reglamenta de manera sensata las consultas populares en los casos relacionados
con la minería para evitar que las guerrillas y los movimientos de izquierda,
con la argucia de la protección del medio ambiente, bloqueen renglón tan
importante de nuestra economía. Si las exportaciones de productos manufacturados
disminuyen y si el sector agropecuario enfrenta enormes desafíos
internacionales, ¿cómo vamos a subsistir?
Todo hace
parte de una estrategia de la vieja izquierda para destruir nuestra economía
como el primer paso para imponer su régimen populista. Fue por ello que nos metieron el gol de la
participación comunitaria en la Constitución de 1991, que no es más que el
aprovechamiento de la ignorancia de niños y campesinos adoctrinados para sus
objetivos “revolucionarios” o “socialistas”.
No es pura coincidencia que el alcalde de Ibagué, iniciador de este
plan, sea Guillermo Alfonso Jaramillo, distinguido militante de la izquierda.
Recordemos que fue él mismo quien, como gobernador del Tolima, convocó una
constituyente mamerta para ese departamento.
Todavía recordamos a los niños pobres de la costa gritando en
manifestaciones dirigidas por sus maestros: “queremos agua, no oro”. La irresponsabilidad absoluta de los maestros
es su forma de vengarse de una sociedad que no se acepta si mediocridad y sus
inmerecidos privilegios.
Al ciudadano
que participa en esos referendos debiera preguntársele, antes de depositar su
voto, si está consciente de la inestabilidad jurídica que se crea cuando, por
motivos aparentemente ecológicos, se prohíbe una explotación minera legal y se
desestimula la participación de capitales nacionales y extranjeros en esa
industria. ¿Conoce un campesino de
Cajamarca o un joven adoctrinado por FECODE la relación costo-beneficio de su
voto? El bloqueo de la minería legal
favorece la explotación ilícita de nuestros recursos, esa sí destructora del
medio ambiente. ¿Por qué la consulta popular no se hace en los municipios donde
las guerrillas y las bandas criminales explotan el 90 por ciento del oro
colombiano? Nuestra teoría ecológica
parece un marxismo reciclado.
El caso de
Cajamarca es la primera dosis de la medicina que nos recetaron los acuerdos de
La Habana. Numerosas materias están
condicionadas en ellos a las consultas populares de tal forma que se ha creado
un para-Estado con carácter constitucional.
Deberán someterse a consulta todos los programas de desarrollo
nacionales y locales para dar gusto a las FARC y a los movimientos mamertos que
tienen la organización suficiente para manipular cualquier referendo.
Parece que no
tendremos que esperar muchos años para comprender el daño que el actual Gobierno,
con la complicidad del Congreso diabético y la servil Corte Constitucional, le
ha generado a la nación en los últimos años.
No podemos aceptar que la ideología de Piedad Córdoba, Gustavo Petro y
alias “Timochenko” nos señalen la ruta venezolana.
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